LA LEGISLATURA DE LA INDUSTRIA

Declaración de los Agentes Sociales instando al desarrollo de un Pacto de Estado por la Industria

Las Organizaciones Sindicales

Alianza por la competitividad de la Industria Española

representantes todas ellas de organizaciones empresariales y sindicales del sector industrial, ante el objetivo de la Unión Europea, también asumido por los Estados Miembros, de incrementar al menos hasta el 20% el peso de la Industria en el conjunto del PIB en el año 2020,

MANIFESTAMOS

Que LA INDUSTRIA es la actividad que mayor solidez confiere a la economía de un país en términos de generación de riqueza, empleo y bienestar económico y social de sus ciudadanos, proporcionando una mayor intensidad de crecimiento en periodos expansivos, y una mayor resistencia ante eventuales crisis globales, estructurales o coyunturales.

Que LA INDUSTRIA es la actividad que genera un mayor volumen de puestos de trabajo estables y de calidad, la que más invierte en formación y cualificación profesional de los empleados, y la que establece una mayor retribución salarial.

Que LA INDUSTRIA, apoyada en su potencial exportador, además de ser la actividad con mayor productividad y valor añadido de la economía, dinamiza el conjunto del tejido empresarial, generando un alto volumen de riqueza y crecimiento económico en sus lugares de implantación.

Que LA INDUSTRIA es el mayor inversor en I+D+I y, a su vez, el principal demandante de innovación y desarrollo tecnológico, siendo por tanto una pieza fundamental para impulsar el sistema ciencia-empresa y la sociedad del conocimiento.

Por todo ello, y considerando los firmantes que el desarrollo y potenciación de los distintos sectores industriales es una necesidad estratégica de nuestro país y una condición indispensable para generar crecimiento económico y empleo de calidad, de forma sólida y estable, y que contribuye de forma fundamental al bienestar social y a la sostenibilidad del sistema público de pensiones en beneficio de todos los ciudadanos, instamos al Gobierno, a los Partidos Políticos, a los Poderes Legislativos y a las Autoridades, Instituciones o Poderes Públicos con competencias atribuidas en el ámbito económico o social, a asumir un PACTO DE ESTADO POR LA INDUS- TRIA que permita desarrollar las medidas y políticas de estado que configuren, en su conjunto, una política industrial sostenida en el tiempo.

Nueve políticas para impulsar la competitividad industrial

  • 1

    Es imprescindible que, de forma prioritaria, se desarrolle, programe y regule una POLÍTICA ENERGÉTICA estable que permita garantizar el suministro energético a un precio competitivo, que atienda a la necesaria reestructuración de nuestra Industria y economía, que prime la investigación, el desarrollo y la innovación de nuevas tecnologías sostenibles, que impulse la independencia energética española con el desarrollo de energías renovables, la cogeneración, y los recursos autóctonos, y que preserve los sistemas de gestión de la demanda.

  • 2

    Es necesario diseñar una POLÍTICA DE INFRAESTRUCTURAS LOGÍSTICAS Y    DE TRANSPORTE que permita mejorar la eficiencia, competitividad y sostenibilidad de los diferentes modos de transporte de mercancías y de las infraestructuras intermodales, así como acelerar el acceso de las empresas radicadas en España a los mercados internacionales.

  • 3

    Es preciso establecer una POLÍTICA DE I+D+I Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Y DIGITAL que fa- cilite y apueste por la actividad innovadora de las empresas y, por otra parte, permita atraer y desarrollar en España centros públicos, privados y mixtos avanzados y especializados en aquellas áreas transversa- les y esenciales para dotar de base tecnológica a la industria. Es asimismo imprescindible incrementar   la inversión pública y privada en investigación, desarrollo e innovación que aumente la generación de producciones de mayor valor añadido.

  • 4

    Es indispensable impulsar una POLÍTICA DE FORMACIÓN Y EMPLEO que garantice el desarrollo del talento y de la capacitación de los trabajadores a lo largo de la vida laboral, considerando que constituyen el principal y más valioso activo de la empresa en la sociedad.

  • 5

    Es esencial aplicar una POLÍTICA DE REGULACIÓN INTELIGENTE que, además de proteger los principios de unidad de mercado a escala nacional y europea, evite la inseguridad jurídica que genera la  sobrerregulación existente en el ámbito industrial, y mejore la eficacia y eficiencia de las normas en vigor y futuras mediante la realización de evaluaciones de impacto rigurosas.

  • 6

    Debe priorizarse, por parte del Gobierno, la ORDENACIÓN Y CONTROL DE MEDIDAS DE CARÁCTER FISCAL, especialmente las de carácter medioambiental que puedan provocar la ruptura de la unidad del mercado, distorsionar la libre competencia y mermar la competitividad de nuestro tejido industrial.

  • 7

    Debe promoverse una POLÍTICA DE INVERSIÓN, INTERNACIONALIZACIÓN y COMERCIO EXTERIOR que asuma los objetivos de atracción de inversiones productivas industriales en nuestro territorio    y facilite la penetración de la producción española en mercados exteriores. España debe mantener en el ámbito europeo la necesidad de reforzar los instrumentos de defensa comercial de forma que se garantice, por una parte, el acceso a los mercados exteriores y, por otra, evite la competencia de importaciones desleales. España instará a la Unión Europea para que en los nuevos acuerdos comerciales se incluyan los criterios éticos, de defensa de los derechos humanos, de los Principios y Derechos Fundamentales del Trabajo, y del compromiso con la lucha contra el cambio climático en el alcance de los mismos.

  • 8

    Para facilitar la FINANCIACIÓN Y POTENCIACIÓN DEL TEJIDO INDUSTRIAL, es necesario incrementar la dotación y articular más eficazmente los instrumentos nacionales y comunitarios de apoyo a la inversión en proyectos innovadores generadores de empleo, así como orientarlos fundamentalmente a la Pequeña y Mediana Empresa.

  • 9

    Es preciso impulsar la SOSTENIBILIDAD INDUSTRIAL y su contribución continua al desarrollo de procesos, productos y bienes cada vez más sostenibles y comprometidos con la seguridad y la protección del medio ambiente de forma general y, particularmente, con las estrategias de mejora de la eficiencia energética, de la lucha contra el cambio climático y de la economía circular. Asimismo, y con objeto de promover la sostenibilidad de modo global, debe simultáneamente salvaguardarse la competitividad de las empresas industriales radicadas en nuestro país para evitar su relocalización en lugares donde la producción se realiza con estándares de seguridad y protección del medio ambiente sensiblemente inferiores a los europeos