Propuestas

La crítica situación económica que con mayor o menor virulencia están afrontando la mayor parte de los países, no debe hacernos obviar el hecho de que siguen produciéndose en todo el mundo inversiones industriales. Debe tenerse en cuenta que los sectores productivos toman sus decisiones de inversión a largo plazo sobre ciclos medios de 20 años.

Por este motivo y en línea con la exención autorizada por la Comisión Europea respecto a las ayudas de estado, es preciso establecer una Línea de Incentivos a la Inversión Empresarial Industrial, integrada para su gestión en los Planes de Reindustrialización y Fortalecimiento de la Competitividad Industrial del Ministerio de Industria, que sea capaz de atraer el foco inversor hacia nuestro país, estableciendo condiciones diferenciales que propicien su ejecución y la generación de empleos sólidos y sostenibles:

Condiciones base

• Prestamos al 0% de interés.
• Tramo no reembolsable del 30%.
• Retroactividad desde el 14 de marzo de 2020. Posibilidad de incluir, dadas las circunstancias especiales, la elegibilidad de los gastos/costes desde marzo 2020.
• Posibilidad de incluir, dadas las circunstancias especiales, la elegibilidad de los gastos/costes desde la fecha de promulgación inicial del estado de alarma.

El sector de la automoción, considerando toda su cadena de valor desde las industrias básicas, los componentes, la fabricación, comercialización y los servicios dependientes, generan prácticamente el 10% del PIB, caracterizándose además por su capacidad exportadora y un fuerte desarrollo de innovación y tecnología. Para su desarrollo resulta indispensable promover su demanda nacional e internacional, para lo cual se proponen las siguientes acciones:

• Establecer un programa de choque coyuntural de apoyo a la demanda para la renovación del parque de automóviles que ayude a la recuperación global del mercado, impulse la renovación con todas las tecnologías disponibles y sea compatible con los objetivos ambientales. Este plan debe apoyar a todos los nuevos vehículos, tanto por su tipología (turismos, comerciales o industriales) como por su fuente de propulsión, que se comercializan en el mercado.

• Implementar un plan de choque de apoyo a la infraestructura de recarga, tanto en vías interurbanas como, sobre todo, (financieramente) en vías urbanas y apoyo a particulares y empresas.

Las actividades ligadas a la construcción suponen de forma directa e indirecta el 14% del PIB, generando un impacto muy relevante en la creación de empleo y en la economía en su conjunto. Las infraestructuras, equipamientos y vivienda constituyen el núcleo de su actividad, y desarrollan un efecto tractor indispensable para la industria, los sectores auxiliares y los servicios. En relación a esta propuesta se proponen las siguientes acciones:

• Acelerar las inversiones públicas ya licitadas en infraestructuras de transporte, hidráulicas, energéticas, medioambientales o de equipamientos.

• Lanzamiento inmediato de un programa de inversión sostenible en infraestructuras y vivienda pública, financiado directamente o con la cofinanciación del Banco Europeo de Inversiones, que permita extender la generación inmediata de actividad y empleo por toda la geografía nacional. A tal efecto debe también agilizarse la tramitación de los estudios de impacto ambiental para que los proyectos puedan iniciar su ejecución en el menor plazo posible.

• Agilizar la tramitación, inicio y desarrollo de planes y proyectos de desarrollo urbanístico.

• Implementar un programa integral de rehabilitación de viviendas, incluyendo prioritariamente las vinculadas a la mejora de la eficiencia energética.

• Implementar un programa integral de equipamientos públicos, con especial atención a los de carácter sanitario, medioambiental o de carácter social.

• Apertura progresiva de comercios minoristas vinculados a la distribución de productos necesarios para el desarrollo de la actividad auxiliar de la construcción, mantenimiento, reparación o rehabilitación de bienes y equipamientos, actividad profesional que desarrollan múltiples pymes y autónomos.

La paralización de actividades del comercio minorista, hostelería, actividades conexas y otras, ha motivado la caída del consumo interior, generándose una infractividad económica que revierte en la destrucción de empleo y riqueza, afectando a ciudadanos, empresas y a los ingresos de las propias Administraciones Públicas a escala local, autonómica y nacional.

Ante esta situación, sin violentar el marco de las limitaciones que establece el Estado de Alarma y atendiendo a las directrices de los expertos y Autoridades Sanitarias, es preciso iniciar el diseño de un plan de reapertura progresiva que permita recuperar de forma óptima y eficaz las actividades actualmente clausuradas:

• Diseñar un Plan de Reapertura del Comercio Minorista y de la Hostelería, sujeto a los condicionantes y requerimientos de prevención necesarios que determinen las Autoridades.

Si bien la coyuntura crítica actual ha generado precios eléctricos anormalmente bajos (el precio medio en el mercado diario de la electricidad fue en marzo de 27,79 €/MWh y será de nuevo inferior en abril), concurren dos circunstancias clave para la competitividad de la industria española. En primer lugar, que en el mismo periodo, los precios medios en los países con los que competimos, esencialmente Francia y Alemania, han sido claramente inferiores y, en segundo lugar, que los mercados a futuro continúan mostrando precios elevados y, de nuevo, superiores a los de nuestros competidores. Por ello, es necesario abordar medidas que ayuden a estrechar estos márgenes o compensarlos:

• Durante la etapa de reactivación económica, suspensión del impuesto de generación establecido en la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.

• Culminar la aprobación de un Estatuto del Consumidor Electrointensivo que suponga una mejora sustancial de la situación competitiva de la industria española en el concierto internacional.

• Garantizar, mediante las oportunas modificaciones de crédito sobre los Presupuestos Generales del Estado, la cuantía máxima para la compensación de los costes indirectos de CO₂.

• Excepcionalmente, revisar las retribuciones a la operación e inversión de las plantas de energía asociadas a fuentes renovables, cogeneración y residuos ligadas a la industria, teniendo en cuenta los precios actuales del mercado eléctrico.

• Instar a la Comisión Europea a modificar el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/1842, de 31 de octubre de 2019 por el que se establecen disposiciones de aplicación de la Directiva 2003/87/CE, respecto de las disposiciones adicionales de ajuste de la asignación dinámica gratuita de derechos de emisión y posteriores cálculos de niveles históricos de actividad, debido a las modificaciones excepcionales en las producciones del año 2020.

• Integrar la valorización energética de residuos, especialmente en las instalaciones industriales, como eje de la transición hacia la economía circular.

• Adecuar las aportaciones al Fondo de Eficiencia Energética a las situaciones de caída de la demanda y los precios derivados de la crisis, la paralización de determinadas actividades y la limitación del transporte y los desplazamientos.

La caída del consumo interior precisa la búsqueda de mercados exteriores que permitan mantener las actividades productivas del tejido industrial y garantizar la supervivencia del empleo directo existente en las empresas, y del indirecto e inducido que generan en numerosos sectores auxiliares y de servicios. Más allá de las propuestas contenidas en este documento que afectan a la mejora competitiva de la industria, específicamente se proponen las siguientes medidas respecto al mercado exterior.

• Actuar contra las restricciones al comercio internacional y el cierre total o parcial de fronteras que medidas proteccionistas podrían producir en el normal funcionamiento de las cadenas de suministro globales y regionales, por el nuevo escenario económico que resulte del bloqueo actual.

• Posibilitar el aplazamiento del pago de derechos de importación sin intereses.

• Impulsar en Europa el marco que permita flexibilización de plazos para procesos aduaneros, y de exigencias de garantías.

El funcionamiento de la cadena logística es fundamental para garantizar el abastecimiento de materias primas y de productos acabados hasta el consumidor.

• Asegurar el adecuado funcionamiento del transporte interior, así como la agilización del tránsito por los pasos fronterizos y en los puertos.

• Proceder a declarar productos estratégicos los relacionados con la industria española y la consiguiente aplicación de reducción de tasas portuarias

• Incrementar temporalmente la Masa Máxima Autorizada de los vehículos para el transporte de mercancías por carretera hasta las 44 Toneladas (frente a los 40 actuales), lo cual permitiría mejorar la competitividad de forma global y reducir las emisiones de Gases de Efecto Invernadero en más de 250.000 toneladas/año.

• Suspensión temporal de los peajes en autopistas para los vehículos industriales orientados al transporte de mercancías.

Con independencia de las medidas que CEOE, organización a la que están adscritas todas las entidades miembros de la Alianza por la Competitividad de la Industria, y que cubren y representan expresamente las demandas de nuestros asociados industriales en los ámbitos laboral, financiero y otros que afectan al conjunto de las empresas de nuestro país, estimamos necesario reflejar y subrayar dos medidas concretas que consideramos esenciales:

• Dotación de una cobertura crediticia en las operaciones comerciales. Incentivar a las aseguradoras de crédito para el mantenimiento de las clasificaciones crediticias a los proveedores, las industrias y sus clientes para poder mantener la liquidez del sector manufacturero.

• Garantizar los pagos tanto de las administraciones públicas como de las empresas privadas con aplicación estricta de la Ley de Morosidad.

En la coyuntura actual, con múltiples empresas que han paralizado o reducido su actividad, más allá de las medidas que exponga CEOE en representación del conjunto de empresas y autónomos en el ámbito tributario y fiscal, es preciso que las Administraciones Públicas limiten la adopción de nuevas figuras tributarias que impacten en la competitividad de la industria y condicionen la recuperación económica y la creación de empleo.

• No implantar nuevas figuras fiscales que reduzcan la competitividad estableciendo gravámenes sobre actividades industriales, sectores productivos o el consumo.

La actividad económica y productiva solo puede desarrollarse adoptando medidas exhaustivas en el control y prevención de contagios en los centros de trabajo. Más allá de las exigencias establecidas por las Autoridades Públicas, los diferentes sectores han implementado medidas extraordinarias y específicas -mayoritariamente acordadas con la representación de los trabajadores- que, no obstante, precisan para su eficaz implantación de las siguientes acciones:

• Las Autoridades Competentes deben establecer sistemas de garantía para el abastecimiento y adquisición de Equipos de Protección Individual (EPIs), que permitan continuar las operaciones y actividades de las empresas y así proveer de los productos y servicios esenciales, directamente o a través de la cadena de valor, para la sociedad.

• El Sistema Nacional de Salud debe proveer de pruebas de diagnóstico fiables a los servicios de prevención de las empresas, esencialmente para el control del personal asintomático, la habilitación de reincorporaciones tras periodos de cuarentena, y para el personal de servicios críticos. La adquisición directa de las pruebas de diagnóstico por parte de las empresas, cumpliendo fielmente los protocolos establecidos a tal efecto por el Ministerio de Sanidad, debe estar así mismo protegida y garantizada.